La importancia de llamarse Iñaki (y apellidarse De Juana Chaos)

Mucho se está hablando de un psicópata llamado Iñaki de Juana Chaos desde que éste, a la sazón terrorista etarra con más de veinte crímenes a su espalda, se declarara en huelga de hambre al fracasar sus intentos de salir de prisión, donde cumplía condena por un delito de amenazas. Es preciso que remarquemos con la mayor precisión todos los datos que rodean al llamado “caso De Juana”, a fin de evitar malintencionados equívocos que tratan de introducir en el debate unos y otros. Por eso es indispensable comenzar señalando que De Juana estaba cumpliendo condena por un delito de amenazas no terroristas. Ciertamente, tal circunstancia nos lleva a una primera reflexión: ¿qué clase de justicia permite que un terrorista sanguinario orgulloso de sus crímenes cumpla menos de un año de prisión por cada uno de ellos?. Sin embargo, el debate no se ha situado en esos términos por lo que, de momento, dejemos a un lado esa preocupante constatación de la realidad de la Justicia española.

A finales de febrero de este mismo año, De Juana se estaba muriendo de hambre en un hospital madrileño al no haber visto atendida su demanda de liberación inmediata. Cabe dudar de la capacidad que pueda tener este personaje, imbuido en una espiral de odio al diferente y habiendo entregado su condición de ciudadano libre a la “causa común” del asesinato político, para poder reflexionar por si mismo de manera libre. Sin embargo su decisión, fruto de su propio pensamiento o no, estaba tomada y era morir de hambre en un hospital. Una decisión así debe ser contestada por la sociedad haciendo al individuo que desea morir reflexionar sobre el sentido que tiene perder la vida, sin duda un bien supremo. Ni siquiera De Juana merece ser condenado a morir porque toda vida merece ser vivida, incluso en privación de libertad al haber violado la de otros segándoles la vida por opinar diferente. Sin embargo, no somos nadie para imponer por la fuerza a otra persona nuestra concepción de la vida ni sobre su sentido: si De Juana tenía tan poco aprecio por su vida como el que tuvo con sus víctimas, allá el. Debíamos evitar que muriera alimentándole con suero, tratando de convencerle, reafirmándonos en nuestro compromiso con la vida...pero no impidiéndole tomar su decisión de morir. Para los que estamos a favor del derecho de cada persona a decidir sobre su propia vida (incluso su derecho a quitársela), resulta bastante hipócrita que, de entrada, ciudadanos que se sentían tan sensibilizados reviviendo el caso de Ramón Sampedro a través de la fenomenal película de Amenábar, impidan ahora a un individuo morir en un hospital como era su elección.

Pero lo peor, evidentemente, son las implicaciones y las dimensiones que alcanza el hecho de evitar que ejerza su derecho a decidir sobre su propia vida. El Gobierno evita que muera cediendo a un chantaje planteado por un recluso al Estado. Es accesorio que el reo sea etarra o no, esté condenado por amenazas o por asesinatos, o sea un traficante de drogas de escasa enjundia. Lo grave, y esto también conviene señalarlo porque el PP no se hubiera movilizado si el preso no se llamara Iñaki de Juana sino Juan Pérez, ladronzuelo habitual, no es que fuera un terrorista sino que el Estado de Derecho haya cedido. Cabe aquí recordar que uno de los pilares del Estado moderno y de la democracia es la confianza que los ciudadanos depositamos en los tres poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) para que, de manera independiente, cumplan sus cometidos de acuerdo con la legalidad vigente. En este caso, el poder ejecutivo se ha situado por encima del bien y del mal tomando una decisión política sobre un preso que jamás hubiera tomado sobre ningún Juan Pérez, lo que atenta además contra la igualdad teórica de los ciudadanos ante la ley. Se añade así una nueva dimensión al ya de por si peligroso precedente de la aceptación de un chantaje; o me salgo con la mía, o mando matar. Ante este dilema ningún Estado democrático debe aceptar que alguien cumpla sus deseos sino hacer todo lo posible por evitar el anunciado crimen, protegiendo la vida y la libertad de los posibles objetivos y deteniendo a los compañeros de truculentas aventuras del chantajista ocasional.

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía toma al ciudadano como sujeto central de su acción política. Entonces, ¿porqué hablamos ahora de de De Juana?. Se empeña el PSOE en decir que a los ciudadanos no nos importa la concesión del régimen de semilibertad del que disfruta hoy este genocida. Importan la vivienda, el empleo y la vida cotidiana. Ciertamente, tienen razón en lo segundo. Y nos importan estos temas sobre todo porque el gobierno actual no ha hecho sino agravar el problema de la vivienda y porque las cifras macroeconómicas estupendas expuestas por ZP en la Bolsa hace unas semanas no se corresponden con la realidad que todos observamos a diario, materializada en una constante subida de los precios no compensada con la de los salarios y, en abril, un aumento del desempleo. Tienen razón gobierno y PSOE: nos preocupan estos asuntos porque ni ellos ni la oposición actual atienden a la problemática cotidiana de los ciudadanos.

Sin embargo, el “caso De Juana” no es un asunto baladí, por más que a quienes han cometido el error de crear el problema traten ahora de huir de él. La Justicia nos preocupa a todos: primero por los déficits que presenta cuando, como decíamos, un asesino como De Juana cumpla una condena tan ligera tras haber desarrollado semejante carrera sanguinaria. Nos preocupa no ser iguales ante la ley, como se ha demostrado tantas veces. ¿Cómo olvidar la complicidad de PP y PSOE a la hora de indultar a los máximos responsables del GAL (Vera y Barrionuevo), que sólo cumplieron tres meses de cárcel?. Y nos preocupa aún más que a las carencias del sistema judicial y a la desigualdad ante la ley promovida por los dos partidos que aspiran a gobernar este país, se sume ahora la cesión del Estado al chantaje de un recluso. Nos preocupa como ciudadanos que pagamos impuestos por sostener un sistema judicial que es implacable con quienes no delinquimos pero que debe serlo también con los que lo hacen. Ciudadanos que pagamos religiosamente nuestras multas de tráfico, de las que difícilmente nos libramos cuando nos las imponen. Ciudadanos a los que nos preocupa que alguien que atenta contra nuestra libertad cumpla o no su condena dependiendo de su nombre y de sus apellidos o de la coyuntura política.

Nosotros no hacemos demagogia ni caemos en ejercicios de hipocresía como lo hace el Partido Popular o el ex-presidente que hablaba de “movimientos de liberación nacional” cuando la situación lo requería. Tampoco caeremos en la trampa del gobierno y del Partido Socialista de desviar la atención sobre un problema que sólo ellos han planteado. No. Simplemente nos preocupa, en nuestra condición de ciudadanos, que el Estado, al que hemos cedido el monopolio de la violencia y de la Justicia desde época bajomedieval, renuncie a su función de proteger nuestra integridad física si no es cediendo ante quienes la puedan amenazar.